Llega otro 17 de octubre, Día Nacional de Lucha por la Democratización de la Comunicación, sin novedades. De hecho, al contrario, además de la manipulación diaria de la prensa, portavoz del capital, también observamos, en estas elecciones, la fuerte interferencia, a favor de la extrema derecha, de corporaciones como Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp).
Estamos presenciando una ola de bloqueos, eliminación de contenido, suspensión de cuentas y decisiones que restringen la circulación de publicaciones críticas a la extrema derecha. Diversos periodistas, medios independientes, sindicatos, movimientos sociales, además de la campaña del presidente Lula, han denunciado una escalada de medidas que tienen en común el mismo efecto: limitar la circulación de información, análisis y posicionamientos políticos divergentes en un momento decisivo de la contienda electoral. La organización CTRL+Z ha reunido 1.121 denuncias relacionadas con las tres redes de Meta.
El 17 de octubre nace a partir delDía de la Democracia Mediáticainternacional, marco dedicado a la defensa de la reforma de los sistemas de medios y al fortalecimiento de la comunicación pública y popular. La fecha tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la necesidad de un sistema de comunicación plural y ciudadano que empodere a la población y combata las asimetrías históricas de la información.
En Brasil, el debate se opone a la intensa concentración económica en el sector de la comunicación. Los mapeos del Media Ownership Monitor–Brasil señalan que solo 26 grupos propietarios controlan los 50 medios de mayor alcance en el país, y que cuatro grandes redes comerciales de televisión concentran más del 70% de la audiencia.
Esta estructura oligopolista histórica limita la diversidad de voces y, a veces, invisibiliza o secundariza las grandes movilizaciones populares y las pautas de la sociedad civil en los medios tradicionales, como hemos visto en las manifestaciones que toman las calles en este segundo turno. Fue precisamente para enfrentar este escenario de monopolios que, a partir de las luchas sociales del período de redemocratización y de la Asamblea Constituyente, se organizó el movimiento que dio origen, en 1991 (y lo formalizó en 1995), al Fórum Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC).
Los algoritmos y las grandes tecnológicas ponen en riesgo el proceso electoral.
Con el desplazamiento del debate público a los entornos virtuales, la dependencia de las plataformas digitales privadas ha traído nuevas amenazas a la integridad democrática. La arquitectura de los algoritmos de recomendación y moderación de contenido no es neutra, e interfiere directamente en el alcance de ideas, de campañas y en la formación de la opinión pública.
Los informes y representaciones llevadas al Tribunal Superior Electoral (TSE) denunciaron que el sistema de inteligencia artificial de Meta bloqueaba la creación de tarjetas promocionales con la expresión "Lula 13", mientras permitía la generación de materiales para candidatos adversarios, como "Flávio 22". La coalición de Lula acionó la Justicia Electoral y creó el canal Censura Digital para reunir más de mil denuncias de restricciones de alcance y bloqueos en redes sociales.
FNDC defiende la democracia en la comunicación y la soberanía digital
Ante los desafíos superpuestos de la concentración mediática tradicional y el dominio de las grandes tecnológicas, el FNDC presentó la plataforma política "20 Puntos para una Comunicación Democrática", dirigida a las candidaturas en las elecciones de 2026. El documento defiende que la comunicación debe ser reconocida como un derecho humano fundamental y elemento indispensable para la preservación de la soberanía nacional.
Entre los ejes y directrices centrales propuestos por el FNDC para garantizar la democratización de los medios y la soberanía digital, destacan la regulación democrática de las plataformas y la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica e infraestructura pública, el combate al coronelismo electrónico y la actualización del Marco Legal, y el fortalecimiento del Sistema Público y de las mídias comunitarias.
Para enfrentar la injerencia y el poder asimétrico de Meta y otras grandes tecnológicas en los procesos electorales, el FNDC defiende un conjunto de acciones combinadas que involucran la regulación estatal, la soberanía tecnológica y estrategias de movilización social dentro y fuera del entorno digital:
Regulación democrática y transparencia algorítmica
- Obligatoriedad de auditoría en los algoritmos: Aprobada y implementada una regulación democrática de las plataformas, las corporaciones deben ser obligadas a abrir sus códigos y criterios de recomendación y moderación para auditoría pública y técnica. Esto impide que las empresas aleguen "fallas técnicas" genéricas para justificar bloqueos o tratamientos desiguales entre candidatos.
- Responsabilización por contenidos y prácticas ilegales: Establecer reglas claras de responsabilidad para las plataformas en el combate a la difusión de desinformación, discursos de odio y directrices políticas arbitrarias.
- Prohibición de propiedad cruzada: Impedir el control cruzado de servicios y plataformas digitales para contener el abuso de poder económico en el mercado de la comunicación.
Enfrentamiento a la asimetría económica
- Tributación de las grandes tecnológicas y Fondo de Fomento: Aprobación de la tributación sobre los beneficios de las grandes plataformas digitales en el país. Los recursos recaudados deben financiar un fondo de fomento al periodismo independiente, a los medios populares y al combate a la desinformación.
- Reequilibrar con el sistema comunitario y popular: Reducir el desequilibrio en el que las corporaciones extranjeras recaudan cientos de millones de reales con publicidad electoral pagada, mientras que las radios y televisiones comunitarias están obligadas por ley a difundir la publicidad gratuita sin obtener ingresos.
Soberanía digital y alternativas tecnológicas públicas
- Desarrollo de plataformas públicas y de código abierto: Crear un Plan Nacional de Soberanía Digital que incentive la investigación y el desarrollo de redes y aplicaciones públicas, gratuitas e interoperables basadas en software libre. Esto evita que la circulación de noticias y la participación ciudadana dependan exclusivamente de la infraestructura privada extranjera.
- Preservación de datos estratégicos: Mantener las empresas estatales de tecnología (como Serpro y Dataprev) bajo control público y utilizar soluciones de nube soberanas, impidiendo la entrega de datos nacionales a conglomerados privados.
Fiscalización rigurosa por la Justicia Electoral (TSE)
- Mapeamento y denuncia de abusos: Actuar junto al TSE y apoyar canales de denuncia gestionados por la sociedad civil (como la iniciativa Censura Digital) para reunir evidencias de restricción injustificada de alcance o bloqueo de campañas.
- Criterios isonómicos en las decisiones: Exigir al TSE y a los órganos reguladores que la moderación electoral siga principios estrictos de proporcionalidad, fundamentación y tratamiento igualitario para todas las candidaturas.
Acción política territorial y educación midiática
- Movilización presencial y diálogo directo: No subordinar la acción política únicamente a las métricas y recomendaciones de los algoritmos privados. Fortalecer abordajes de escucha activa y diálogo directo en los territorios, capaces de construir confianza real y combatir la manipulación digital a partir de la convivencia comunitaria.
- Alfabetización digital y educación midiática: Promover programas en escuelas y espacios comunitarios para capacitar a los ciudadanos a identificar desinformación, manipulaciones algorítmicas y sesgos en plataformas digitales.
Una vez más, el 17 de octubre, la FNDC recuerda que la democracia en Brasil no puede existir sin la democratización efectiva de los medios de comunicación. Esperamos que esta sea una prioridad en un próximo gobierno de Lula.