El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) analizó una propuesta deacuerdo entre la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) y la Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL) para resolver conflictos sobre la concesión de la Red Nordeste,contratada en 1997 para la explotación de un servicio de transporte ferroviario de carga.
El acuerdo prevé la devolución a la Unión de 3.014 kilómetros de ferrocarriles sin operación y el reconocimiento de una indemnización de aproximadamente 1.785 millones de reales adeudada por la empresa. El pago y el cumplimiento de las principales obligaciones previstas en el acuerdo dependen de la futura prórroga de la concesión, prevista para 2028.
Para reducir los riesgos de esta negociación, el TCU solicitó cambios en el texto del acuerdo. Entre las principales medidas, se incluyen:prohibición de utilizar los recursos de la indemnización y la conversión de multas para pagar servicios de mantenimientoque ya eran obligación de la concesionaria;exigencia de un cronograma detallado de las obras y los gastos; creación de sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones,con posibilidad de cobro de la indemnización íntegra. El acuerdo también establece plazos y sanciones para la desactivación de los tramos devueltos. Si hay retraso del poder público, estas obligaciones pueden ser suspendidas y reprogramadas, pero no serán simplemente eliminadas.
La nueva versión también exige quelos proyectos de vehículos ligeros sobre rieles estén técnicamente preparados y cumplan con los requisitos de gestión antes de recibir fondos.Además, la FTL acordó no impugnar la validez, la aplicación y los criterios de cálculo de la norma del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (Dnit) utilizada para definir la indemnización.
El TCU concluyó que todas las modificaciones solicitadas fueron atendidas y propuso autorizar la firma del acuerdo, con seguimiento de su ejecución. Pero la firma no elimina la necesidad de supervisión. Será preciso verificar, en cada caso, si los fondos están financiando mejoras y ampliación de la vía férrea, y no cubriendo mantenimiento que la empresa ya debería haber realizado.También será necesario seguir la evaluación técnica de los proyectos de movilidad urbana, especialmente los de Arapiraca, en Alagoas, y Campina Grande, en Paraíba.La preocupación es que el Ministerio de Transportes participe tanto de la articulación de estos proyectos como de la evaluación de su calidad técnica. Por lo tanto, esta evaluación deberá ser documentada por un área técnica distinta de la responsable de la articulación.
Para el TCU, el acuerdo ofrece un resultado mejor que el cierre de la concesión y una larga disputa judicial. Además de la devolución de los tramos y la indemnización, la empresa asumirá obligaciones de desmantelamiento de la infraestructura, regularización ambiental y fundiaria, y mapeo geográfico, así como inversiones de 136,28 millones de dólares para reducir conflictos entre la vía férrea y las áreas urbanas. Finalmente, deberá ser divulgada una versión pública del acuerdo y de sus anexos, manteniendo en secreto únicamente la información efectivamente protegida.
El relator del proceso es el ministro Walton Alencar Rodrigues.
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Lea la íntegra de la decisión:Acórdão 2906/2026 - Plenario
Proceso:TC 006.124/2025-9
Sesión ordinaria: 21/10/2026
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