El Proyecto de Ley 2977/26 crea la Política Nacional de Incentivo a la Tecnología Asistiva y a la Movilidad Inclusiva. La idea es ampliar la autonomía, la empleabilidad y la movilidad de las personas con discapacidad. La propuesta está en análisis en la Cámara de Diputados.
La tecnología asistiva consiste en el conjunto de recursos, productos, equipos, estrategias, prácticas y servicios que tienen como objetivo promover la funcionalidad, la autonomía, la independencia e la inclusión de las personas con discapacidad o con movilidad reducida.
Entre las medidas, está la que modifica el Estatuto de la Ciudad (Ley 10.257/01) para obligar a las ciudades que necesitan elaborar planes de rutas accesibles a crear Observatorios de Movilidad Inclusiva.
Estos órganos deberán mapear y monitorizar las condiciones de movilidad de las personas con discapacidad y los planes de rutas accesibles, produciendo datos que servirán para mejorar las políticas públicas y orientar las inversiones en infraestructura accesible.
Inversiones
La propuesta también modifica la Ley Brasileña de Inclusión (Ley 13.146/15) para prever el estímulo a la inversión del sector privado en la adaptación de puestos de trabajo, la oferta de tecnología asistiva y la capacitación de equipos para la inclusión de personas con discapacidad.
La autora, la diputada Renata Abreu (Pode-SP), justificó la medida. "Se espera, con el texto, no solo el perfeccionamiento de los recursos, productos, equipos y metodologías disponibles para las personas con discapacidad, sino también la promoción de una mayor conciencia social sobre la importancia de la inclusión y la reducción de prácticas capacitistas en el mercado laboral."
Objetivos
Entre los objetivos de la política, se incluyen:
- facilitar el acceso al crédito especializado para usuarios de tecnología asistiva, incluyendo líneas subsidiadas;
- agilizar y simplificar la importación de estas tecnologías, especialmente en los procedimientos aduaneros y sanitarios;
- crear mecanismos de fomento a la investigación y la producción nacional;
- eliminar o reducir la tributación de la cadena productiva y la importación;
- facilitar la inclusión de nuevos recursos en la lista de productos distribuidos por el Sistema Único de Salud (SUS) y por otros organismos públicos;
- ampliar los servicios de diagnóstico, intervención temprana, habilitación y rehabilitación profesional;
- mapear y monitorear la accesibilidad de aceras, edificios públicos y transporte colectivo.
Cómo se aplicará
La política estará organizada en planes de acción quadriennales, con evaluación bianual de resultados. Le corresponderá a la Unión apoyar planes locales, firmar convenios y prestar apoyo técnico y financiero a los demás entes federados.
El texto asegura la participación de las personas con discapacidad, individualmente o a través de organizaciones, en la elaboración, la implementación y el control de las políticas.
Los gastos serán financiados con recursos de la Unión, que podrán ser complementados por convenios, fondos sectoriales y cooperación internacional.
El funcionamiento de la política será definido por reglamento del gobierno federal.
Próximos pasos
La propuesta será analizada de formaconclusivapor las comisiones de
Desarrollo Urbano; Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad; de Finanzas y Tributación; y de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Para convertirse en ley, debe ser aprobada por la Cámara y el Senado.